El Gobierno de México busca invalidar los “abusivos” contratos millonarios que privatizaron ocho cárceles

* El Estado todavía debe 9,619 millones de dólares por unos acuerdos alcanzados entre la administración de Felipe Calderón y varias empresas privadas.

MÉXICO (RT) 13 de enero de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que su gobierno pretende invalidar los contratos millonarios que se firmaron en administraciones pasadas y supusieron la privatización de varias cárceles, en caso de que las empresas beneficiadas no acepten una renegociación.

Durante la conferencia matutina, el mandatario y varios funcionarios de su gabinete explicaron que estos contratos fueron entregados por adjudicación directa en 2010 y 2011, durante la gestión del expresidente Felipe Calderón y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, procesado judicialmente en EE.UU. y acusado de narcotráfico.

Los acuerdos alcanzados sirvieron para privatizar ocho centros penitenciarios por un plazo de hasta 22 años, en condiciones desventajosas para el Estado mexicano.

Los contratos estipulan que México debe pagar a empresas privadas un total de 266,300 millones de pesos (13,436 millones de dólares) por la construcción y prestación de servicios en ocho cárceles.

En los últimos 9 años, se ha pagado el 36% del total de dicho monto, pero aún queda por desembolsar el otro 64%, equivalente a 190,638 millones de pesos (9,619 millones de dólares).

Este negocio resulta perjudicial para el Estado mexicano, ya que en 2020, estas ocho cárceles privadas acapararon el 68% de todo el presupuesto federal para centros penitenciarios, mientras las prisiones operadas por la administración enfrentan problemas de saturación.

En el último año, México pagó 15,562 millones de pesos (785 millones de dólares) para la operación de cárceles privadas. Este dinero fue destinado a contratistas “muy vinculados al poder, empresas muy vinculadas a políticos”, según López Obrador.

Este monto, además, representa prácticamente la mitad del dinero que México tiene previsto invertir para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Obligados a pagar aunque no haya internos

Por su parte, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, explicó que de acuerdo con las cláusulas en uno de los contratos, el Estado mexicano está obligado a pagar “aunque no haya internos”. Además, al término del contrato, los beneficiarios se quedarán con la propiedad del inmueble.

Por esta razón, si no se llega a un acuerdo de renegociación con los beneficiarios, el Gobierno mexicano presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República al considerar que hubo corrupción en la firma de dichos convenios.

Entre los beneficiarios que operan algunas de estas cárceles privadas se encuentra el fondo de inversión BlackRock, así como empresas de los magnates mexicanos Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña.

“Consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Si tienen voluntad en llegar a un acuerdo, se debe llegar a un arreglo en beneficio de la Hacienda pública”, dijo López Obrador.

“Privatización es sinónimo de corrupción”, añadió el presidente al hacer referencia al periodo neoliberal. Además, aseguró que su administración hará todo lo posible por limpiar la corrupción.

“Hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder, me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos, y esto es lo que ya no queremos que suceda en el país”, indicó. “Esto explica el por qué muchos de los ataques al Gobierno. Una empresa de estas tiene que ver con medios de comunicación”, concluyó el mandatario.

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